AIS - Cono Sur

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Argentina - Chile - Perú

por Herbert Mujica Rojas

14-2-2002


Hay sectas cuyo accionar provoca un profundo daño en la sociedad, lo cual aún no ha sido materia del estudio imprescindible de quienes se jactan de “analistas” y “exégetas” de la realidad social. Por el flagrante desconocimiento del problema sectario en el Perú tenemos la obligación de promover el abordaje de esta problemática entre los periodistas, sociólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados y demás profesionales involucrados y comprometidos con el desarrollo democrático del país y dispuestos a condenar cualquier acto que viole los derechos humanos de toda persona y, en especial, su derecho a la libertad de consciencia.

Este trabajo, producto de múltiples horas de trabajo en Lima, Arequipa y otras partes del país y Latinoamérica pretende cumplir un papel pedagógico al denunciar al Sodalitium Christianae Vitae, grupo fascista por convicción y temperamento, y su cancerosa acción al interior de la sociedad peruana. Puédese discrepar de él, de pronto suscita opiniones violentamente contrarias, pero lo que sí va a ser imposible es ignorarlo.

Pocos meses atrás en El totalitarismo católico en el Perú, tesis que en su edición príncipe incluyó menciones a las baladronadas que acostumbra impulsar el Sodalitium, denunciamos cómo, a partir del Concordato, vínculo internacional no sancionado por ningún Congreso, la Iglesia Católica vive a expensas del no pago de tributos y además de los miles de dólares que sus principales funcionarios se embolsican cada mes, sin trabajar, sin merecerlo y en una constante expoliación del pueblo peruano, que no tiene cuando terminar porque se hace en nombre de una “fe” tradicional y que en realidad ha constituido la continuación de un robo que ya supera los 500 años de permanencia insolente en el país. Este mismo Concordato es el que, amparando a la Iglesia Católica, favorece legalmente el expansionismo sodálite y es el que utiliza esta secta para proteger sus inversiones.

Lea pues, amigo lector, estas procelosas páginas con ojos críticos, compulse fuentes, acuda a testimonios, revise materiales, proponga una refutación científica, orgánica. A una idea se la combate con otra. Al sectarismo difundido por el Sodalitium le denunciamos en la comisión de múltiples actividades que son fácilmente comprobables en diarios y publicaciones. A las sectas hay que enfrentarlas con decisión y valentía indómitas. El fanático sabe que cuando tiene a adversarios de ese jaez sólo tiene una opción: luchar o morir. Y puedo anunciar, sin jactancia, pero premunido de la verdad verdadera, que habemos muchos dispuestos a erradicar la presencia de estos disociadores y su prédica retrógrada, exaltadora de principios antidemocráticos y profundamente racistas.

05-abril-2016

26.10.15

AméricaTV, Cuarto Poder: Sodalicio, surgen más denuncias de ex-integrantes por abuso sexual (vídeos)



- Vídeo 1: minuto 13:48 aprox. aparece el Dr. Héctor Guillén Tamayo, miembro fundador de AIS-Cono Sur:
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/sodalicio-surgen-mas-denuncias-exintegrantes-abuso-sexual-noticia-35095?ref=ivmv

- Vídeo 2:
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/sodalicio-surgen-mas-denuncias-exintegrantes-abuso-sexual-noticia-35095

¿Cuál es el destino judicial y eclesiástico de estas denuncias y del mismo Luis Fernando Figari, hoy de retiro espiritual en Roma?
Nuevos testimonios de ex miembros del Sodalicio de Vida Cristiana confirman los abusos y daños irreparables que sufrieron jóvenes por parte del fundador y líder de esta congregación, Luis Fernando Figari Rodrigo, así como de otros líderes espirituales de esa organización.
“En el año 1991 previamente a ingresar a la comunidad, Luis Fernando Figari se aparece una madrugada y nos dice quítense la ropa y quédense en calzoncillos y recuerdo a alguien filmándonos, como en este momento”, reveló a Cuarto Poder el exsodalite Oscar Osterling.
Una cadena de abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales que se inician con técnicas de manipulación en la que un adolescente pierde su identidad, el derecho a tener ideas propias, reprimir su sexualidad y practicar la obediencia absoluta hacia su líder en nombre de Dios.
Oscar Osterling formó parte del Sodalicio durante dos décadas. Entregó los mejores años de su vida al servicio de esa congregación católica ultraconservadora.
Pero el 2011 decidió salirse de ella cansado de los maltratos psicológicos a los que fue sometido en los últimos cuatros años. El Sodalicio lo castigó y lo envío a Colombia contra su voluntad, por una falta que ellos consideraron muy grave: haberse enamorado de una chica.
“No llego a nada sencillamente había una amistad. A mí me marcó muchísimo. Fue un abuso de autoridad, querían que a través de los test proyectivos apareciera algo. Ellos me decían tú vas a hacer los que diga Luis Fernando”, indicó.
Años después, Osterling denunció estos hechos ante el Tribunal Eclesiástico y se entrevistó con su presidente, el sacerdote Víctor Huapaya.
“Fui a hablar con el padre Huapaya y me dice que no han avanzado nada. Yo ya envíe las denuncias a Roma hace tiempo y me dice que cree que hay alguien en Roma del Sodalicio atajando las denuncias, se refería al Procurador”, recordó.
También denunció prácticas ilegales del Sodalicio, como la vulneración del secreto de sus comunicaciones. En el libro de Pedro Salinas también se hace referencia a la intervención de la correspondencia de los que vivían en comunidad.
Pero de acuerdo a los testimonios brindados por exsodálites, Luis Fernando Figari no sería el único que habría practicado la pederastia al interior de esa organización.
El ya fallecido German Doig, el llamado vicario del Sodalicio y quien fuera en su momento el número dos de esa comunidad, también fue acusado de violación por tres de sus víctimas y esto provocó que su trámite de beatificación iniciado en Roma se paralice.
También otros dos sodálites consagrados muy allegados a Luis Fernando Figari fueron acusados por el mismo delito: violación. Daniel Beltrán Murguía Ward y Jeffrey Daniels.

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Fin de la Portada

martes, 24 de mayo de 2016

12 - Sodalicio: ¿Una asociación ilícita para secuestrar?

Martes 24 de mayo del 2016 | 17:40

Aún no hay un proceso penal contra Luis Fernando Figari, fundador de SVC. Lo habrá si el fiscal recaba pruebas suficientes para formalizar una denuncia.

Josefina Miró Quesada

@josefina_28
El pasado martes 10 de mayo, ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) presentaron una denuncia penal ampliatoria por los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves contra Luis Fernando Figari, fundador de la institución y otros siete integrantes de la cúpula ante la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Tres días después, Alessandro Moroni, Superior General del SCV, presentó a través de redes sociales el decreto vaticano que nombraba al Monseñor Joseph William Tobi como delegado absoluto de la congregación para investigar los hechos y guiar al SCV sobre las decisiones que eventualmente deberá tomar. Curiosamente, aunque el documento no lo ordena, anunciaron que Figari, quien se encontraba en una casa ubicada en el Centro Histórico de Roma, en Italia, en un “retiro espiritual”, había sido trasladado “a un lugar más aislado”. Con un paradero desconocido y una nueva denuncia penal en su contra, ¿qué implicancias tienen estos nuevos hechos en el caso del SCV?
ANTECEDENTES
Antes de analizar la denuncia ampliatoria, es importante recordar unos puntos. Aunque el caso haya motivado la intervención de autoridades eclesiales, como la Santa Sede o el Tribunal Eclesiástico, las denuncias revelan delitos y el único órgano constitucional competente para investigarlos es el Ministerio Público.
Según cuenta Pedro Salinas, en noviembre de 2015, en un hecho inédito, la Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado reafirmando lo anterior. “Sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades”, señalaba.
Para entonces se sabía que en 2011 cuatro denuncias por abusos sexuales fueron entregadas al Tribunal Eclesiástico (que depende del Arzobispado de Lima). “Yo se la entregué personalmente al padre Víctor Huapaya Quispe, presidente del Tribunal, quien dijo que lo iba a investigar”, recuerda Salinas. Fuesen o no competentes para pronunciarse, hubo la obligación de remitirlas a una fiscalía. Eran delitos lo que denunciaban. Pero eso nunca sucedió.
Recién en octubre de 2015, cuando el caso cobró mayor notoriedad tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, de Salinas, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez dispuso abrir una investigación de oficio. Pese a las denuncias periodísticas, ninguna víctima se había acercado a presentar una denuncia penal de parte.
La investigación se abrió solo por el delito de violación sexual. Desde entonces, actúa en silencio, pero camina coja. El problema es de origen. Según Héctor Gadea, penalista y abogado de las víctimas del Sodalicio, “nació muerta porque los delitos que se conocían contra Figari habían prescrito”. El paso del tiempo les jugaba en contra. Con mayor razón si ninguna de las víctimas de violación se había acercado a declarar.
Aún no podemos decir que hay un proceso penal contra Figari. Lo habrá recién si el fiscal recaba las pruebas suficientes para formalizar una denuncia contra los responsables ante un juez. Por ahora, solo hay una investigación. De ahí que seis víctimas exsodalités, asesorados por el estudio de abogados Benites, Forno & Ugaz hayan presentado una denuncia penal ampliatoria. Le piden a la fiscal acoger esta denuncia para incluir en su investigación nuevos delitos y pruebas.
En resumen, las víctimas denuncian que Figari y varios fundadores delSVC crearon una asociación ilícita para cometer sistemáticamente delitos de secuestro y lesiones psicológicas, físicas y abusos sexuales en agravio de ellos y otros menores. A diferencia del delito de violación sexual, estos nuevos delitos no enfrentan el problema de la prescripción. Mientras la violación se comete en un acto, los segundos –asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves- siguen consumándose mientras dure la asociación. Solo cuando cese, empezará a correr el plazo de prescripción.
¿UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL?
Una asociación ilícita es una estructura funcional de dos o más personas destinada a cometer delitos. Debe estar de algún modo organizada y gozar de permanencia o estabilidad. De acuerdo con el penalista, Iván Meini, la sola organización es ya un riesgo porque implica la certeza de que se cometerán delitos.
Cuando la denuncia se hizo pública, varios miembros del SCVrechazaron la tesis, por medio de un video difundido, de que la organización a la que ellos pertenecen fuese criminal. Moroni, uno de los que declaró, reconoció los “errores” o “faltas” que pudieron cometerse al interior del SCV, pero nada dijo sobre delitos.
“Su respuesta es emocional y la comprendo, pero no es una respuesta jurídica”, dice Gadea. Agrega además que la denuncia no es contra la organización en sí o contra todos los miembros que además fueron víctimas, sino contra determinadas personas naturales detrás. Es decir, contra Figari y la cúpula fundacional, que crearon una asociación que se valió de la estructura del SCV para delinquir.
En otras palabras, no es que llamen al SCV una organización criminal per se, sino que al interior de ella se creó una. Una, que según la denuncia, goza de una estructura “altamente jerarquizada”, ordenada en torno a la figura de un líder –Figari-, conformada por más de dos personas, activa por más de 40 años con la finalidad de cometer delitos de secuestro y lesiones graves.
Según Gadea, esta asociación “sistemáticamente captó a menores de edad, muchas veces a espaldas de sus padres, sin que la entrada a ese cautiverio sea libre y una vez dentro, eran vejados física y psicológicamente”. Ese modus operandi, agrega, hace que sea delictivo. La denuncia además resalta que la asociación financia sus actividades con dinero, bienes muebles e inmuebles y negocios que fueron adquiridos por medio de la manipulación de sus víctimas y familiares que gozan de buena condición económica.
EL ENCIERRO ERA MENTAL
Uno de los aspectos más ilustrativos de la denuncia reside en los argumentos para sustentar que los denunciantes fueron víctimas de un secuestro, no físico, sino mental. Sin duda, una interpretación fuera de lo común. Aunque el Código Penal se limita a describir el delito de secuestro como la “privación de la libertad personal”, esta libertad tradicionalmente ha sido entendida como una de carácter ambulatorio. Es decir, el secuestro solo como “encierro físico”.
Los denunciantes, sin embargo, afirman que fueron secuestrados a través de una “restricción mental de su libertad”. Pero esta libertad no se limita a los movimientos físicos que pueda hacer una persona. Por eso, la definen como el derecho que tiene cualquiera de autodeterminarse, de decidir sobre su personalidad, sobre qué hacer, a dónde ir, en dónde estar o no. Es esta la que restringieron mediante métodos de sometimiento, de control de la mente, del pensamiento, de la emoción y la información.
“Uno podría decir que su decisión de integrar esta organización fue una expresión libre, como cuando uno ingresa al Ejército y voluntariamente restringe su propia libertad”, señala Gadea. Lo clave, sin embargo, es que se trataba de menores. No estaban en capacidad de disponer de su libertad. Y la poca que tenían, explica, era suprimida por el adoctrinamiento liderado por Figari, que se valía de unos supuestos dotes sobrenaturales, que les impedía acceder a información, no les permitía educarse y los volvía totalmente dependientes.
Para Meini, se trata de un argumento muy potente. “La privación de la libertad no se da porque le ponen una pistola en la cabeza, pero el medio utilizado es igual de eficaz para doblegar su voluntad, más si son jóvenes de esa edad que buscan un motivo de vida, donde además, la religión tiene un peso muy importante en el rumbo de estas”, explica.
Sin duda, es una interpretación novedosa. ¿Hay precedentes en el Perú? No. Según Gadea, lo más cercano que reconoce la jurisprudencia peruana es la trata de personas. “Son menores, prostituidas por proxenetas, que van a hoteles, viajan, se mueven de un lugar a otro, pero no piden ser rescatadas, pudiendo hacerlo, por el adoctrinamiento que tienen desde muy jóvenes, por el miedo y la culpa”, indica. Al igual que en el caso del secuestro, existe una restricción de la libertad, pero no necesariamente física.
Hay quienes podrían cuestionar la figura del secuestro y sostener que los hechos encajan más con el delito de “coacción”, que sanciona obligar a alguien a hacer algo que la ley no prohíbe. Según Meini, sin embargo, la coacción implica una amenaza o violencia, pero no hay un dominio de la voluntad a través de actos prolongados en el tiempo, lo que sí sucedió en el caso del SCV. “Durante 15, 20 años, estas víctimas estuvieron dependientes de este movimiento”, recuerda Gadea.
LESIONES
El delito de lesiones protege el bienestar físico y mental de una persona. Según el libro de Salinas, de los testimonios publicados, varios sufrieron maltratos físicos por parte de los denunciados. Un fiscal, sin embargo, para calificarlas de leves o graves (la pena varía en función de eso) requiere pericias médicas.
El tiempo es posible que haya borrado las lesiones físicas. Pero aún quedan las psicológicas. En palabras de las víctimas, “este daño ha sido de tal intensidad que pese a los años transcurridos –en algunos casos más de una década- aún no hemos podido superar el trauma sufrido”. Son estas últimas las que enfatiza la denuncia. Las mismas, que además presentan mayores dificultades para probar. Según Gadea, esto se probará a través de peritajes psicológicos de parte, pero la fiscalía debe ordenar los suyos para que tengan un mayor valor probatorio. De ahí que hayan pedido realizarlas.
¿Y AHORA QUÉ?
La denuncia ampliatoria que han presentado las víctimas no vincula al fiscal. Este puede asumir las tesis planteadas o no. El camino es largo. Primero debe calificar esta denuncia, investigar, reunir las pruebas, y si considera que hay suficientes para denunciar, la formaliza ante un juez.
Hasta ahora, la conducta de Figari ha sido evasiva. No solo se ha negado a declarar, sino que su abogado le ha aconsejado a no regresar al Perú. Quizás hablar de extradición es prematuro. Pero, si voluntariamente no regresa y se abre un proceso penal, la justicia peruana debería poder extraditarlo.
A nivel latinoamericano, señala Salinas, los casos similares al SCVcomo el de Marcial Massiel, sacerdote mexicano acusado de cometer abusos sexuales, o el de Fernando Karadima en Chile, fueron resueltos con meras sanciones eclesiales. Si esta denuncia penal procede, el precedente que sentaría sería único. Que la justicia divina haga lo suyo, pero que no intervenga en la penal.

Han perdido la decencia... ha ganado la igualdad: Estado Laico kaput

Las diversas confesiones religiosas que propugnan
el proyecto de ley de igualdad religiosa aprobado ayer
en el Congreso han perdido la dignidad y la decencia
y se declaran enemigos de un Estado Laico para el Perú


A los interesados en un Estado Laico:

http://www.facebook.com/group.php?gid=115280842118

Pretendíamos que el Estado Laico promoviese la separación irrestricta de iglesias y Estado, que fuese un modo civilizado de convivencia entre los creyentes de diversos credos entre sí y entre los creyentes y no-creyentes. Pensábamos que el pretendido Estado Laico iba a ser la culminacion de un esfuerzo ético por la neutralidad, el respeto y la tolerancia mutua.

Sin embargo es evidente que el totalitarismo de las sectas religiosas se está imponiendo arteramente sobre el anhelo de construir un Estado racional, moderno y democrático para todos. El Estado que vendrá ahora será un Estado donde el avasallamiento de la libertad de conciencia mediante la persuasión coercitiva en la educación pública estará validado por el concepto torcido de "libertad religiosa". La "libertad religiosa", como dijo un visionario, es la libertad de los ignorantes, es la necesidad de mantenerse en el oscurantismo disfrazando la ignorancia cual si fuese un "derecho humano".

Estamos al filo de permitir que nuestra patria se convierta en el paraíso de las sectas donde cualquier grupo religioso, ahora con condición de ente jurídico público, tenga la prerrogativa de usufructuar de nuestos impuestos y del patrimonio nacional, para el enriquecimiento particular de sus líderes.

Ahora quieren que veamos impasibles cómo se estabecen concordatos ya no solamente con la iglesia católica sino con cuanto grupete oscurantista y medieval quiera succionar de la mamadera del Estado Peruano. A diferencia del costoso avance de la laicidad logrado en varios países de la comunidad europea en el Perú vamos caminando raudamente al medioevo mediante el financiamiento y la subvención de las irracionalidades que promueve este proyecto de ley.

Ahora quieren que los bienes mal obtenidos sean "inembargables". En otras palabras, quieren la impunidad cuando sean acusados por cualquier delito que pudiesen cometer. La bancarrota de la iglesia católica estadounidense por los cargos de pederastia clerical no hubiese sido posible si sus bienes hubiesen sido declarados previamente "inembargables".

Ahora ya tampoco quieren pagar impuestos a la renta, alcabala, predial ni propiedad vehicular. Ahora ya no quieren bailar con su propio pañuelo. Ahora también quieren ser las sanguijuelas religiosas del Estado Peruano. Bonito ejemplo el de la iglesia católica.

Está en nuestras manos el elevar nuestra enérgica protesta y utilizar todos los foros de discusión posibles para lograr una conciencia corporativa e intentar evitar un retroceso monumental de nuestra sociedad a estadíos primitivos de religiosidad, irracionalidad y fundamentalismo.

Héctor Guillén Tamayo
03.07.09