Nuevos testimonios de ex miembros del Sodalicio de Vida Cristiana confirman los abusos y daños irreparables que sufrieron jóvenes por parte del fundador y líder de esta congregación, Luis Fernando Figari Rodrigo, así como de otros líderes espirituales de esa organización.
“En el año 1991 previamente a ingresar a la comunidad, Luis Fernando Figari se aparece una madrugada y nos dice quítense la ropa y quédense en calzoncillos y recuerdo a alguien filmándonos, como en este momento”, reveló a Cuarto Poder el exsodalite Oscar Osterling.
Una cadena de abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales que se inician con técnicas de manipulación en la que un adolescente pierde su identidad, el derecho a tener ideas propias, reprimir su sexualidad y practicar la obediencia absoluta hacia su líder en nombre de Dios.
Oscar Osterling formó parte del Sodalicio durante dos décadas. Entregó los mejores años de su vida al servicio de esa congregación católica ultraconservadora.
Pero el 2011 decidió salirse de ella cansado de los maltratos psicológicos a los que fue sometido en los últimos cuatros años. El Sodalicio lo castigó y lo envío a Colombia contra su voluntad, por una falta que ellos consideraron muy grave: haberse enamorado de una chica.
“No llego a nada sencillamente había una amistad. A mí me marcó muchísimo. Fue un abuso de autoridad, querían que a través de los test proyectivos apareciera algo. Ellos me decían tú vas a hacer los que diga Luis Fernando”, indicó.
Años después, Osterling denunció estos hechos ante el Tribunal Eclesiástico y se entrevistó con su presidente, el sacerdote Víctor Huapaya.
“Fui a hablar con el padre Huapaya y me dice que no han avanzado nada. Yo ya envíe las denuncias a Roma hace tiempo y me dice que cree que hay alguien en Roma del Sodalicio atajando las denuncias, se refería al Procurador”, recordó.
También denunció prácticas ilegales del Sodalicio, como la vulneración del secreto de sus comunicaciones. En el libro de Pedro Salinas también se hace referencia a la intervención de la correspondencia de los que vivían en comunidad.
Pero de acuerdo a los testimonios brindados por exsodálites, Luis Fernando Figari no sería el único que habría practicado la pederastia al interior de esa organización.
El ya fallecido German Doig, el llamado vicario del Sodalicio y quien fuera en su momento el número dos de esa comunidad, también fue acusado de violación por tres de sus víctimas y esto provocó que su trámite de beatificación iniciado en Roma se paralice.
También otros dos sodálites consagrados muy allegados a Luis Fernando Figari fueron acusados por el mismo delito: violación. Daniel Beltrán Murguía Ward y Jeffrey Daniels.
AIS - Cono Sur
Argentina - Chile - Perú
por Herbert Mujica Rojas
14-2-2002
Hay sectas cuyo accionar provoca un profundo daño en la sociedad, lo cual aún no ha sido materia del estudio imprescindible de quienes se jactan de “analistas” y “exégetas” de la realidad social. Por el flagrante desconocimiento del problema sectario en el Perú tenemos la obligación de promover el abordaje de esta problemática entre los periodistas, sociólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados y demás profesionales involucrados y comprometidos con el desarrollo democrático del país y dispuestos a condenar cualquier acto que viole los derechos humanos de toda persona y, en especial, su derecho a la libertad de consciencia.
Este trabajo, producto de múltiples horas de trabajo en Lima, Arequipa y otras partes del país y Latinoamérica pretende cumplir un papel pedagógico al denunciar al Sodalitium Christianae Vitae, grupo fascista por convicción y temperamento, y su cancerosa acción al interior de la sociedad peruana. Puédese discrepar de él, de pronto suscita opiniones violentamente contrarias, pero lo que sí va a ser imposible es ignorarlo.
Pocos meses atrás en El totalitarismo católico en el Perú, tesis que en su edición príncipe incluyó menciones a las baladronadas que acostumbra impulsar el Sodalitium, denunciamos cómo, a partir del Concordato, vínculo internacional no sancionado por ningún Congreso, la Iglesia Católica vive a expensas del no pago de tributos y además de los miles de dólares que sus principales funcionarios se embolsican cada mes, sin trabajar, sin merecerlo y en una constante expoliación del pueblo peruano, que no tiene cuando terminar porque se hace en nombre de una “fe” tradicional y que en realidad ha constituido la continuación de un robo que ya supera los 500 años de permanencia insolente en el país. Este mismo Concordato es el que, amparando a la Iglesia Católica, favorece legalmente el expansionismo sodálite y es el que utiliza esta secta para proteger sus inversiones.
Lea pues, amigo lector, estas procelosas páginas con ojos críticos, compulse fuentes, acuda a testimonios, revise materiales, proponga una refutación científica, orgánica. A una idea se la combate con otra. Al sectarismo difundido por el Sodalitium le denunciamos en la comisión de múltiples actividades que son fácilmente comprobables en diarios y publicaciones. A las sectas hay que enfrentarlas con decisión y valentía indómitas. El fanático sabe que cuando tiene a adversarios de ese jaez sólo tiene una opción: luchar o morir. Y puedo anunciar, sin jactancia, pero premunido de la verdad verdadera, que habemos muchos dispuestos a erradicar la presencia de estos disociadores y su prédica retrógrada, exaltadora de principios antidemocráticos y profundamente racistas.
26.10.15
AméricaTV, Cuarto Poder: Sodalicio, surgen más denuncias de ex-integrantes por abuso sexual (vídeos)
- Vídeo 1: minuto 13:48 aprox. aparece el Dr. Héctor Guillén Tamayo, miembro fundador de AIS-Cono Sur:
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/sodalicio-surgen-mas-denuncias-exintegrantes-abuso-sexual-noticia-35095?ref=ivmv
- Vídeo 2:
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/sodalicio-surgen-mas-denuncias-exintegrantes-abuso-sexual-noticia-35095
¿Cuál es el destino judicial y eclesiástico de estas denuncias y del mismo Luis Fernando Figari, hoy de retiro espiritual en Roma?
- Vídeo 2:
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/sodalicio-surgen-mas-denuncias-exintegrantes-abuso-sexual-noticia-35095
¿Cuál es el destino judicial y eclesiástico de estas denuncias y del mismo Luis Fernando Figari, hoy de retiro espiritual en Roma?
Fuente: AméricaTV - Perú
Fin de la Portada
sábado, 7 de febrero de 2009
España: Nuevo Plan de derechos humanos
07.02.2009 -
Luis Sánchez de Movellán de la Riva es de la Sociedad Cántabra de Escritores.
www.eldiariomontanes.es/prensa/20090207/opinion/articulos/plan-derechos-humanos-20090207.html
El Gobierno ha arrancado la legislatura con un revolucionario Plan de Derechos Humanos que habrá de desencadenar un fuerte debate social y político al tocar algunos aspectos 'sensibles' para la opinión pública y clave en el funcionamiento de este Estado radicalsocialista, mediante la reforma (ya veremos el alcance) de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, para hacer avanzar la laicidad en España y el avance y la profundización en la más que controvertida Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o en la ideología de género.
En lo tocante a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha cumplido la amenaza que lanzó el PSOE en plena campaña electoral: «Después del 9 de Marzo, ya nada podrá ser igual» en la relación del Gobierno con la Santa Sede, advirtió José Blanco, tras el enfrentamiento directo que mantuvo el Ejecutivo de Zapatero con la jerarquía eclesiástica durante casi dos meses. Así, la Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega anunció sin rubor que su objetivo es «avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado» que se traduce «en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, amparado en el art.16 sobre la libertad de conciencia» ¿Pero por qué y para qué cambiar la actual regulación legal sobre la libertad religiosa? Uno de los motivos que esgrimió la Vicepresidenta Fernández de la Vega fue que la vigente Ley «desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia». Lo que no nos extraña, ya que no es lo mismo la una que la otra. Problema que ya tenían Voltaire y Rousseau para diferenciarlas, pues reducían la religión a mera moral sin tener en cuenta que los ateos y agnósticos también tienen conciencia moral.
Suponemos que ni a los escépticos ni a los ateos ni a los agnósticos les gustará, en lo tocante a lo que la libertad de conciencia respecta, que les metan en el mismo saco que a los creyentes. Pero a las personas religiosas tampoco les parecerá bien que se regule promiscuamente la conciencia moral y la religiosa, por mucho que ésta incluya a aquélla; y sin que se dé el caso inverso.
Fernández de la Vega dijo también intencionadamente que "el carácter laico del Estado le exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de modo que se impidan «situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras». Pero, según la Constitución de 1978, el Estado es aconfesional y no ha de ser neutral, sino que ha de favorecer que las personas y los grupos puedan ejercer sus derechos (art.9, 2); lo que no tiene es que ser parcial o discriminador.
El Gobierno utiliza confusa y provocadoramente los términos 'laico' y "laicidad" a sabiendas de que, de entrada, se pone a la Santa Sede y a los Obispos en contra, ya que una de sus principales denuncias es la corriente laicista que recorre España y Europa. Aparte, claro está, de su hoja de ruta trazada en determinadas logias francesas e inglesas para convertir a España en un erial religioso y en una sociedad "nueva" al gusto del Nuevo Orden Mundial.
El Gobierno radicalsocialista intenta ser como el Panteón de la antigua Roma, en el que estaba divinizado el Emperador y asimilaba en él a todas las religiones. En un proceso de divinización del Estado, éste no tiene inconveniente en hacer parte subordinada de su particular 'Panteón' multicultural a las demás religiones; pero surge un problema, que el cristianismo no se deja y, por tanto, empieza a ser peligroso e incluso subversivo para el propio Estado.
El Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España no respeta la Constitución española ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque trata de igualar todas las religiones y sectas presentes en España, limita el derecho de los padres a escoger la escuela de sus hijos, así como a proporcionarles la formación religiosa y moral acordes con sus convicciones, y no respeta el derecho a la vida del ser humano desde que es engendrado.
La Carta Magna singulariza las relaciones con la Iglesia Católica, pero el Gobierno hace caso omiso del mandato constitucional y no reconoce a la cultura cristiana y, a través de una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Medida 70), quiere igualar todas las religiones y sectas, ofreciendo el mismo reconocimiento, por ejemplo, a la Iglesia de la Cienciología, que en muchos países está perseguida como una secta destructiva, que a la religión propia de la mayoría de los españoles.
Además el Plan de Derechos Humanos prevé la creación de un Observatorio sobre el Pluralismo Religioso (Medida 71) que garantice la equiparación de todas las religiones y sectas que podría convertirse en una suerte de Big Brother que podría determinar, por ejemplo, la retirada de los crucifijos de todas las escuelas públicas, e incluso de las concertadas bajo amenaza de retirada del concierto, prescindiendo de los Consejos Escolares, ya que no reconocería el hecho cultural cristiano.
En la práctica, el Gobierno español limita con su Plan de Derechos Humanos (Medidas 112 y ss.) el derecho de los padres a escoger el centro escolar de sus hijos, ya sea con límites económicos (si se opta por un colegio religioso, hay que pagarlo) o con trabas administrativas (como la limitación o reducción de plazas en los centros concertados, las oficinas de escolarización o las asignaturas ideológicas como la de EpC (Medida 117)
Aunque la cautela y la prudencia hayan de ser las primeras actitudes ante el anuncio del mencionado Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, no dejan de existir síntomas e indicadores racionales, asaz preocupantes y alarmantes. Sorprende que esta sea una de las primeras iniciativas del Gobierno, tras unos cuantos meses de parálisis. Más sospechoso es todavía el hecho de que su anuncio haya coincidido con una fortísima subida de las cifras del paro y en pleno proceso de crisis económica, que afecta muy especialmente a los precios de la cesta de la compra y al pago de las hipotecas ¿No estaremos, de nuevo, ante una nueva cortina de humo para tapar y desviar la atención de la ciudadanía española de los temas que realmente preocupan? ¿Habrá comenzado el Gobierno, además, una nueva campaña ideológica y sectaria con la contumacia laicista con que ya actuaron en la pasada legislatura?
Las soflamas gubernamentales sobre la laicidad del Estado español son rabiosamente falsas y profundamente injustas, sin que se adecuen a la Constitución vigente, ni a nuestra historia, ni al alma, ni a la realidad hodierna del pueblo español. La laicidad no se puede convertir nunca en un arma arrojadiza ni en una coartada contra las creencias de los ciudadanos y las confesiones religiosas. Los derechos de los no creyentes no tienen por qué entrar en colisión con los de los creyentes. A nadie se le ha impuesto ni se le impone el creer y el practicar.
La Iglesia católica española trabajó durante la Transición por la venida en paz, en concordia, en pluralidad y en reconciliación de la preciada democracia. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha buscado siempre la aconfesionalidad del Estado. Pero ahora, la nueva hoja de ruta masónica para España señala una confesionalidad laicista, excluyente y militante, que mira con prejuicios ideológicos la libertad religiosa y pretende legislar, restrictiva y sectariamente, contra la gran mayoría de la nación española. España no quiere ni necesita una nueva religión multicultural de Estado, compuesta de dogmas falsos y de embelecos relativistas, que, como una suerte de patchwork sincrético-cultural, adocene y embrutezca a la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Luis Sánchez de Movellán de la Riva es de la Sociedad Cántabra de Escritores.
www.eldiariomontanes.es/prensa/20090207/opinion/articulos/plan-derechos-humanos-20090207.html
El Gobierno ha arrancado la legislatura con un revolucionario Plan de Derechos Humanos que habrá de desencadenar un fuerte debate social y político al tocar algunos aspectos 'sensibles' para la opinión pública y clave en el funcionamiento de este Estado radicalsocialista, mediante la reforma (ya veremos el alcance) de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, para hacer avanzar la laicidad en España y el avance y la profundización en la más que controvertida Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o en la ideología de género.
En lo tocante a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha cumplido la amenaza que lanzó el PSOE en plena campaña electoral: «Después del 9 de Marzo, ya nada podrá ser igual» en la relación del Gobierno con la Santa Sede, advirtió José Blanco, tras el enfrentamiento directo que mantuvo el Ejecutivo de Zapatero con la jerarquía eclesiástica durante casi dos meses. Así, la Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega anunció sin rubor que su objetivo es «avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado» que se traduce «en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, amparado en el art.16 sobre la libertad de conciencia» ¿Pero por qué y para qué cambiar la actual regulación legal sobre la libertad religiosa? Uno de los motivos que esgrimió la Vicepresidenta Fernández de la Vega fue que la vigente Ley «desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia». Lo que no nos extraña, ya que no es lo mismo la una que la otra. Problema que ya tenían Voltaire y Rousseau para diferenciarlas, pues reducían la religión a mera moral sin tener en cuenta que los ateos y agnósticos también tienen conciencia moral.
Suponemos que ni a los escépticos ni a los ateos ni a los agnósticos les gustará, en lo tocante a lo que la libertad de conciencia respecta, que les metan en el mismo saco que a los creyentes. Pero a las personas religiosas tampoco les parecerá bien que se regule promiscuamente la conciencia moral y la religiosa, por mucho que ésta incluya a aquélla; y sin que se dé el caso inverso.
Fernández de la Vega dijo también intencionadamente que "el carácter laico del Estado le exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de modo que se impidan «situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras». Pero, según la Constitución de 1978, el Estado es aconfesional y no ha de ser neutral, sino que ha de favorecer que las personas y los grupos puedan ejercer sus derechos (art.9, 2); lo que no tiene es que ser parcial o discriminador.
El Gobierno utiliza confusa y provocadoramente los términos 'laico' y "laicidad" a sabiendas de que, de entrada, se pone a la Santa Sede y a los Obispos en contra, ya que una de sus principales denuncias es la corriente laicista que recorre España y Europa. Aparte, claro está, de su hoja de ruta trazada en determinadas logias francesas e inglesas para convertir a España en un erial religioso y en una sociedad "nueva" al gusto del Nuevo Orden Mundial.
El Gobierno radicalsocialista intenta ser como el Panteón de la antigua Roma, en el que estaba divinizado el Emperador y asimilaba en él a todas las religiones. En un proceso de divinización del Estado, éste no tiene inconveniente en hacer parte subordinada de su particular 'Panteón' multicultural a las demás religiones; pero surge un problema, que el cristianismo no se deja y, por tanto, empieza a ser peligroso e incluso subversivo para el propio Estado.
El Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España no respeta la Constitución española ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque trata de igualar todas las religiones y sectas presentes en España, limita el derecho de los padres a escoger la escuela de sus hijos, así como a proporcionarles la formación religiosa y moral acordes con sus convicciones, y no respeta el derecho a la vida del ser humano desde que es engendrado.
La Carta Magna singulariza las relaciones con la Iglesia Católica, pero el Gobierno hace caso omiso del mandato constitucional y no reconoce a la cultura cristiana y, a través de una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Medida 70), quiere igualar todas las religiones y sectas, ofreciendo el mismo reconocimiento, por ejemplo, a la Iglesia de la Cienciología, que en muchos países está perseguida como una secta destructiva, que a la religión propia de la mayoría de los españoles.
Además el Plan de Derechos Humanos prevé la creación de un Observatorio sobre el Pluralismo Religioso (Medida 71) que garantice la equiparación de todas las religiones y sectas que podría convertirse en una suerte de Big Brother que podría determinar, por ejemplo, la retirada de los crucifijos de todas las escuelas públicas, e incluso de las concertadas bajo amenaza de retirada del concierto, prescindiendo de los Consejos Escolares, ya que no reconocería el hecho cultural cristiano.
En la práctica, el Gobierno español limita con su Plan de Derechos Humanos (Medidas 112 y ss.) el derecho de los padres a escoger el centro escolar de sus hijos, ya sea con límites económicos (si se opta por un colegio religioso, hay que pagarlo) o con trabas administrativas (como la limitación o reducción de plazas en los centros concertados, las oficinas de escolarización o las asignaturas ideológicas como la de EpC (Medida 117)
Aunque la cautela y la prudencia hayan de ser las primeras actitudes ante el anuncio del mencionado Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, no dejan de existir síntomas e indicadores racionales, asaz preocupantes y alarmantes. Sorprende que esta sea una de las primeras iniciativas del Gobierno, tras unos cuantos meses de parálisis. Más sospechoso es todavía el hecho de que su anuncio haya coincidido con una fortísima subida de las cifras del paro y en pleno proceso de crisis económica, que afecta muy especialmente a los precios de la cesta de la compra y al pago de las hipotecas ¿No estaremos, de nuevo, ante una nueva cortina de humo para tapar y desviar la atención de la ciudadanía española de los temas que realmente preocupan? ¿Habrá comenzado el Gobierno, además, una nueva campaña ideológica y sectaria con la contumacia laicista con que ya actuaron en la pasada legislatura?
Las soflamas gubernamentales sobre la laicidad del Estado español son rabiosamente falsas y profundamente injustas, sin que se adecuen a la Constitución vigente, ni a nuestra historia, ni al alma, ni a la realidad hodierna del pueblo español. La laicidad no se puede convertir nunca en un arma arrojadiza ni en una coartada contra las creencias de los ciudadanos y las confesiones religiosas. Los derechos de los no creyentes no tienen por qué entrar en colisión con los de los creyentes. A nadie se le ha impuesto ni se le impone el creer y el practicar.
La Iglesia católica española trabajó durante la Transición por la venida en paz, en concordia, en pluralidad y en reconciliación de la preciada democracia. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha buscado siempre la aconfesionalidad del Estado. Pero ahora, la nueva hoja de ruta masónica para España señala una confesionalidad laicista, excluyente y militante, que mira con prejuicios ideológicos la libertad religiosa y pretende legislar, restrictiva y sectariamente, contra la gran mayoría de la nación española. España no quiere ni necesita una nueva religión multicultural de Estado, compuesta de dogmas falsos y de embelecos relativistas, que, como una suerte de patchwork sincrético-cultural, adocene y embrutezca a la gran mayoría de nuestros compatriotas.
